Políticas

Políticas nacionales en educación: ¿Fin de una era?

Cuenta Ernesto Yépez que en los tiempos de la colonización española, el rey prohibió, apoyado en motivos religiosos y políticos, el comercio de esclavos, buscando poner límites a los traficantes ingleses, franceses, portugueses y holandeses. No obstante, como todos sabemos, la economía colonial descansó en buena medida en la compra y venta de esclavos africanos. Yépez recuerda también la estricta censura de libros ordenada por la Santa Inquisición, que incluía toda clase de novelas. Las novelas europeas, sin embargo, circularon profusamente por todas las colonias españolas, incluyendo a El Quijote, ampliamente difundida en Lima en 1605, el mismo año en que se publicó. Los ejemplos abundan.

Por supuesto, usted recuerda esta frase: «Se acata pero no se cumple», artilugio retórico que se escuchaba con frecuencia en las antiguas colonias americanas de España en boca de gobernadores y virreyes. Esta ingeniosa expresión reflejaba la imposibilidad de las autoridades locales de desconocer las órdenes del rey y del Consejo de Indias, pero a la vez, dada su disonancia con los hechos y los procesos reales vividos en este lado del mundo, su falta de voluntad para ponerlas en práctica. Como es lógico, su impacto en la vida de las colonias era virtualmente nulo.

Si bien es cierto este divorcio entre las disposiciones palaciegas de la autoridad y el comportamiento de los ciudadanos en la vida real, tiene hoy absoluta vigencia y puede observarse en muchos ámbitos de la vida social, es cada vez más notable y preocupante en el caso de las políticas educativas.

Como sabemos, el Perú está en proceso de regionalización y descentralización educativa desde hace varios años. La progresiva autonomía de las regiones para tomar sus propias decisiones en materia educativa, reconocida por ley, ha hecho posible la elaboración de Proyectos Educativo Regionales en casi todo el país. Más aún, concluida la fase de diseño, muchas regiones han pasado a la ejecución y han empezado a buscarse entre sí para compartir preocupaciones e iniciativas y enfrentar de manera colaborativa los desafíos comunes de esta etapa. Pero si este es el camino que está siguiendo el país, cabe preguntarse hasta qué punto los caminos abiertos por el Ministerio de Educación a sus políticas nacionales, que decide e implementa por sí mismo, son o no convergentes con el primero.

Es necesario llamar la atención de dos características muy significativas de lo que está ocurriendo en las regiones con las políticas educativas. La primera es que tanto en la fase de diseño como en la de implementación, las regiones se han esforzado por transitar y mantenerse en el siempre complejo pero ventajoso camino de la concertación. Es decir, han propiciado un diálogo muy plural alrededor de los problemas y alternativas de la educación regional, sentando alrededor de una misma mesa a funcionarios públicos y a representantes de diversas instituciones y sectores ciudadanos. Este solo hecho ha permitido que los acuerdos se apoyen en consensos muy amplios y, por lo mismo, deriven en compromisos específicos de la sociedad regional con su cumplimiento. Es así como numerosas entidades no estatales han venido apoyando y complementando los esfuerzos del Estado regional por llevar adelante su proyecto educativo, aportando ideas, recursos, asistencia técnica y también oportunidades de capacitación a distintos niveles y en ámbitos muy diversos.

Una segunda característica notable ha sido esta espontánea necesidad de aprender unos de otros, que se ha ido canalizando de diversas maneras desde etapas muy iniciales. Así, a lo largo de estos años se ha ido haciendo cada vez más frecuentes los intercambios, visitas y coordinaciones, los encuentros nacionales, promovidos por el Consejo Nacional de Educación y que ya sumaron cuatro, y recientemente los dos macro regionales, en el sur y el nororiente, como también los primeros acuerdos de colaboración mutua. Esta creciente interacción y confluencia está motivada por el interés de conocer de cerca las innovaciones e iniciativas más relevantes existentes en otros lugares del país, a fin de basar las decisiones y programas de cada región en las lecciones de la experiencia.

Por citar sólo un ejemplo, el Gobierno Regional de Junín ha revelado cómo su programa PICED, que implementa Centros de Desarrollo Integral en 30 distritos de su región y ofrece a niños menores de 5 años y madres gestantes, atención en salud, nutrición y estimulación temprana, fue diseñado aprovechando la experiencia de la región Cusco en la materia. Y ha anunciado también su interés por replicar el exitoso programa de fortalecimiento de escuelas multigrado de la región San Martín.

En este contexto, no puede dejar de preocupar el aporte escaso, débil e irrelevante, cuando no inexistente, del Ministerio de Educación y sus políticas nacionales a estos esfuerzos regionales. Por el contrario, los procesos que han creado en las regiones varias decisiones ministeriales, tienden a ser poco convergentes e incluso contradictorios con el camino emprendido por los Gobiernos Regionales, en el marco de las normas de descentralización educativa que nos rigen. Uno de los más notorios es el del Programa Nacional de Formación y Capacitación Docente (PRONAFCAP), diseñado desde Lima e impuesto a las regiones por encima de las necesidades de desarrollo profesional docente que existen en cada región y de las prioridades concertadas por cada Gobierno Regional. Siguiendo la peor tradición republicana, la fantasía de vivir en un país homogéneo e inculto, en el que pueden tomarse decisiones uniformes que rijan para todos por igual y sin necesidad de consultarlas con los implicados, sigue justificando la necesidad de un patriarca, es decir, de un poder superior que elija en nombre de todos la mejor solución a sus problemas.

En mi opinión, las explicaciones de esta desconexión tienen menos que ver con estilos personales de gestión de las autoridades nacionales y más con razones estructurales, que revelan antiguas maneras de entender el manejo de los asuntos del Estado y que se han vuelto cultura institucional en las entidades que son precisamente la sede del poder central. Para ilustrar lo que digo, pongamos atención en los hechos hasta ahora relatados: mientras el diseño e implementación de políticas regionales descansa cada vez más en la concertación abierta con los actores involucrados, las políticas nacionales siguen siendo decididas en Lima por un núcleo reducido de funcionarios. Mientras las políticas regionales se acercan con interés a las innovaciones educativas existentes y se esfuerzan por aprovecharlas como materia prima para construir sus alternativas, las políticas nacionales siguen sin poder superar la vieja costumbre de minimizarlas o descalificarlas, para justificar después por qué tienen que prescindir de ellas y cómo es que las propuestas de sus propios funcionarios son siempre las mejores.

Releamos a Jorge Basadre y recordemos la idea matriz en que se basó el centralismo como enfoque de gestión pública a lo largo de la república: las provincias del Perú no están en capacidad de comprender ni manejar los asuntos del Estado; luego, en salvaguarda de sus objetivos, es ineludible dejarlas en manos de los que sí saben. Esta tradición burocrática no ha perdido vigencia y se siguen escuchando voces que susurran alertas sobre la debilidad de las instituciones regionales y sus cuadros profesionales, para desalentar a los entusiastas con la descentralización educativa y justificar la necesidad de un Ministerio que siga reservando para sí no sólo la decisión sobre las políticas nacionales, sino también su ejecución directa. En este esquema, las regiones quedan relegadas, otra vez, al rol de operadores de las decisiones del Estado central. En compensación por su colaboración, se les permite que hagan lo que puedan y quieran con su propio dinero.

Hay que decirlo con claridad: el Ministerio de Educación es un actor importante y necesario para responder a los grandes desafíos de cambio que afronta la educación peruana. El problema es que en esta etapa de la vida del país necesita asumir otro rol y arriesgarse a canjear protagonismo por liderazgo. Es decir, a canjear notoriedad mediática a partir de sus decisiones solitarias, cuyas buenas intenciones no discuto, por una mayor presencia colaborativa en los procesos reales vividos en las regiones y encabezados por sus propias autoridades. Se engañan quienes siguen pensando que el rol del Ministerio es fundamentalmente normativo, creencia que se basa más en la tradición burocrática del poder central que en lo dispuesto por la propia ley. Las normas vigentes obligan al Ministerio a cumplir también un rol articulador, concertador y promotor, justamente lo que hoy más que nunca se necesita que haga.

Ciertamente, este papel no forma parte del habitus institucional, para tomarle prestada esta interesante noción sociológica a Pierre Bordieu, pero puede y necesita asumirlo, desafiando toda clase de escrúpulos y resistencias internas. Hay antecedentes valiosos en ese sentido que no deberíamos dejar en el olvido, desde la atípicamente concertadora gestión del Ministro Dante Córdova en 1995, que no viajaba a las regiones a imponer la agenda de sus funcionarios ni a hacerse auto propaganda sino a escuchar y a resolver problemas, hasta el esfuerzo aislado pero valioso de algunas oficinas de la sede central por colaborar con las regiones en la formulación de sus Proyectos Educativo Regionales en años recientes, por mencionar sólo dos ejemplos. Lo que quiere decir que esta cultura institucional, autocentrada y jerárquica, no es una fatalidad y puede quebrarse.

Si da ese paso, encabezando sin afán de protagonismo los esfuerzos de articulación y concertación interregional, aportando oportunidades para el desarrollo de las capacidades locales y el fortalecimiento de sus propias instancias de gestión educativa, ayudando a despejar la enmarañada red de normas que superponen las funciones de unos y otros, coordinando mejor los programas nacionales con las agendas y prioridades de los Gobiernos Regionales, en el marco de sus propios Proyectos Educativos y posibilitando a la vez su gestión y evaluación descentralizada, el Ministerio de Educación habrá ganado el liderazgo que todos esperamos y necesitamos que asuma. ¿Alguien duda que esto no le sería, además, políticamente beneficioso en mucho mayor medida?

Si se deja paralizar, en cambio, por las advertencias de quienes banalizan este dinamismo regional reduciéndolo a un simple juego de poder, supuestamente dominado por pequeños intereses políticos, personales e institucionales, habrá perdido su segunda oportunidad. En este caso, seguirá aislándose del resto del país, atrapado en la creencia de que su presencia en el escenario mediático, reiterando una y otra vez el inventario de las iniciativas de su oficina central, sustituirá con creces su sensible ausencia en los escenarios regionales, donde se están decidiendo realmente, con sencillez y sin ruido, más allá de cualquier limitación o adversidad, el futuro de la educación nacional.

Luis Guerrero Ortiz
El río de Parménides
Fotografía © Miguel FG/ flickr.com
Lima, 02 de noviembre de 2008

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Soy docente, estudié la carrera en la Pontificia Universidad Católica del Perú; una maestría en Política Educativa en la Universidad Alberto Hurtado (Chile); y una maestría en Educación con mención en Políticas Educativas y Gestión Pública en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya (Perú). Hice también posgrados en Terapia Familiar Sistémica (IFASIL), en Periodismo Narrativo y Escritura Creativa en la Universidad Portátil (Buenos Aires). Soy actualmente profesor principal en el Innova Teaching School (ITS) y Director de la revista virtual Educacción. Soy coautor de tres libros de cuentos: «Nueve mujeres peligrosas y un hombre valiente», «Relatos valientes de mentes peligrosas» y «Veintitrés mundos: Antología valiente de relatos peligrosos». He publicado recientemente el libro de cuentos «Amapolas en el jardín» (2022).

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